Tu nombre en la noche

TU NOMBRE EN LA NOCHE

Cuando me despertó el chirrido de las llantas al frenar violentamente junto a mi edificio no tuve que mirar por la ventana para saber quiénes eran. Tampoco habría visto gran cosa si me hubiese asomado, porque era noche cerrada. De todos modos, preferí no hacerlo. Hacía tiempo que esperábamos su visita. Sin embargo, no podía evitar preguntarme de cuánto tiempo disponíamos… ¿Cuánto tiempo hasta que llamasen al timbre?¿Cuánto tiempo hasta que algún vecino les abriera la puerta?¿Cuánto tiempo hasta que subieran las escaleras y golpearan en nuestra puerta?¿Cuánto tiempo hasta que…? Y, lo más importante: ¿qué íbamos a hacer con esa pequeña fracción de tiempo disponible?¿Seríamos lo bastante rápidos?¿Nos paralizaría el miedo?

El plan había sido ensayado muchas veces. Habíamos tenido mucho tiempo para practicar. Naturalmente, la cosa no había empezado al día siguiente de la aprobación de las reformas de la ley. No, eso hubiera sido demasiado evidente. Después de que la llamada Ley de Seguridad Nacional fuera cambiada y sus reformas aprobadas en el congreso, el ejército comenzó a detener a presuntos malhechores. Entraban en sus casas de noche, se los llevaban y nunca nadie volvía a saber de ellos. Al principio nos alegramos, como todos. ¿Cómo no alegrarse? Al fin y al cabo, se trataba de delincuentes, de narcotraficantes, de asesinos, de torturadores. O por lo menos eso nos decían. Las cosas habían llegado a tal extremo en el país que incluso nos pareció que la situación mejoraría. Por lo menos, nos decíamos, ahora se estaba haciendo algo.

Luego, las cosas comenzaron a cambiar…dejamos de ver la tele cuando amigos de amigos empezaron a desaparecer. Incluso en la capital, que hasta entonces había sido el último reducto seguro del país, la gente desaparecía sin dejar rastro. Recordé haber leído en algún lugar que eso ya había ocurrido en otras dictaduras, en otros países, en otros tiempos. Pero nosotros –pensábamos aún- no vivíamos en una dictadura. Una noche los oí frenar en mi calle y oí el grito desesperado de una mujer antes de que la metieran a culetazos en el carro. Gritó su nombre. Creo que era su nombre. Un nombre de mujer en cualquier caso. El nombre se quedó flotando en mi memoria y supe que esa mujer, a quien no conocía, nos estaba pidiendo a todos nosotros –testigos silenciosos de la barbarie cometida con nuestro consentimiento- que le dijéramos a alguien, a quien fuera, que ella ya no estaría más.

Pero incluso sin ver la tele las noticias llegaban. Llegaban a través de sms’s, a través de cadenas de emails con la lista creciente de los nombres de los desaparecidos, llegaban a través de Facebook en forma de peticiones desesperadas, como fuera llegaban. Los postes de luz comenzaron a cubrirse de fotocopias en blanco y negro con los rostros de los desaparecidos. Caminar por la calle era una tortura. Los rostros, jóvenes o viejos, guapos o feos, te veían acusadoramente. Y te avisaban de que tú podrías ser el siguiente. Y el miedo, el miedo atroz, permanente, que te paralizaba los huesos.

Fue cuando desaparecieron a mi cuñada y a su esposo que el miedo pareció quebrarse. Se llevaron a los niños, también. Mi esposo salió a buscarlos en vano. Recorrió todos los hospitales, todas las comandancias, todas las morgues. Llamó a todas las puertas y a todos los contactos, pero evidentemente, no sirvió de nada. Mientras tanto, yo miraba a mis hijos y pensaba en qué haría si llegaba el momento. En qué haría cuando llegase el momento. Porque llegaría. Ahora sabía que llegaría. No necesité esperar las llamadas anónimas para saber que mi esposo estaba siendo incómodo y que sus preguntas molestaban. Tampoco tuve el valor para decirle que lo dejara estar, que nunca iba a encontrarlos, que lo que hacía nos ponía en peligro. Lo único que pude hacer fue pensar en un plan desesperado. En cómo aprovecharía esos últimos segundos para tratar de poner a salvo a los niños. Hablé con la vecina y lo dejé todo dispuesto. Vendrían a por nosotros, pero tal vez lograríamos salvar a los niños.

Y me senté a esperar a que llegara esa noche en que el chirrido de las llantas contra el asfalto me despertaría.

Corrí entonces a despertar a los niños. A empellones los saqué de la cama mientras abajo, en la calle, el timbre comenzaba a sonar. A rastras los empujé por el pasillo hasta llegar al departamento de la vecina. Sabía que estaba despierta. Tenía que estarlo, como todos los demás. Hacía meses que nadie lograba conciliar un sueño profundo en el país. Y yo estaba tan cansada.

Todo ocurrió muy deprisa. Me cubrieron la cabeza y me bajaron a golpes por las escaleras. Oí los gritos de mi esposo pero no logré distinguir que decía. Luego, estaba dentro de una camioneta. Había más gente allí, sentí sus respiraciones, pero no decían nada. Oí pasos y otro cuerpo cayó sobre mí. Supe al instante que era mi esposo, pero parecía inconsciente, porque no respondía a mi voz. La pick-up no arrancaba todavía. ¿Qué esperaban?¿Era parte del juego?

Los oí entonces. Los gritos de mis hijos. Y entonces, cuando la camioneta al fin arrancó, grité mi nombre. Quizá para que me oyeran los niños, donde fuera que estuviesen. O para que alguien, en algún lugar, supiera que ya no estábamos.

@europaenllamas

Ley de Seguridad: Los chantajes del calderonismo

Ley de Seguridad: Los chantajes del calderonismo
Jesusa Cervantes
Proceso

La diputación priista se dispone a aprobar esta semana reformas a la Ley de Seguridad Nacional que, propuestas por la Sedena, habían sido consideradas violatorias de las garantías individuales. Fuentes castrenses, del PRI y del Senado –cuya minuta están modificando los diputados– dieron a conocer la causa del viraje: El Poder Ejecutivo ha integrado “expedientes negros” de gobernadores priistas vinculados con “actividades ilícitas”, y varios generales advirtieron al nuevo dirigente del Revolucionario Institucional, Humberto Moreira, que si no eran aprobados los cambios propuestos por el Ejército, dichos expedientes serían publicados...

Los diputados federales del PRI pretenden aprobar una nueva Ley de Seguridad Nacional que da sustento jurídico a la intervención de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado, que otorga autonomía al Ejecutivo federal para autorizar la presencia de militares y que, “de manera encubierta”, permite declarar estados de sitio o de excepción que suspenden temporalmente las garantías individuales.

Luego de que el PRI –partido que con sus 237 votos puede dictar agenda y condicionar aprobación de leyes en la Cámara de Diputados– se mostró renuente a respaldar propuestas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), terminó aceptando todos los cambios que demandaba la Sedena, a pesar de que algunos los había considerado “inaceptables” o generadores de una “alta politización” que haría difícil el tránsito de la nueva ley en el pleno.

El viraje del PRI, de acuerdo con tres fuentes consultadas por Proceso, habría sido provocado por la amenaza del Poder Ejecutivo de dar a conocer los llamados “expedientes negros” que está elaborando en contra de actuales gobernadores priistas por su presunta participación en actividades ilícitas. Proceso constató esta versión por tres fuentes de información distintas que participaron en la negociación: sector castrense, PRI y Senado.

La minuta de reforma a la Ley de Seguridad Nacional llegó el 28 de abril de 2010, pasó ocho meses en “la congeladora” y, para diciembre de 2010, el presidente de la Comisión de la Defensa Nacional, Ardelio Vargas, concluyó, junto con la Sedena, un nuevo documento que el PRI no se decidió a respaldar.

Al arribo de Humberto Moreira a la dirigencia nacional del PRI, el 4 de marzo pasado, los priistas reactivaron las negociaciones y entraron en contacto con altos mandos militares, entre ellos el general de División Carlos Demetrio Gaytán Ochoa, subsecretario de la Sedena.

Pero no fue sino hasta el 6 de abril –de acuerdo con las fuentes castrenses– cuando Moreira tuvo una comida con algunos generales que veladamente le advirtieron las consecuencias de no aprobar la Ley de Seguridad Nacional: la publicación de los expedientes.

Menos de una semana después, el 11 de abril, el encargado de llevar las negociaciones desde un inicio por parte del PRI, el diputado del Estado de México Alfonso Navarrete Prida, llegó a la Secretaría de Gobernación con el nuevo documento de 81 cuartillas, según el cual el PRI avala sin corchete alguno cada una de las propuestas del Ejecutivo Federal y de las Fuerzas Armadas.

No obstante, entre los negociadores se advirtió que a pesar de que el PRI avaló todas las demandas, no hay garantía de que “la amenaza de los expedientes” haya sido retirada.

El inicio

El 6 de diciembre de 2006, Felipe Calderón Hinojosa declaró “la guerra” al narcotráfico y el día 7 envió al Ejército a combatirlo en Michoacán, a partir de lo cual la presencia del sector castrense se ha ido extendiendo a todo el país.

El 8 de mayo de 2007, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una jurisprudencia que autoriza al Ejército y a la Marina a “auxiliar” en el combate al crimen organizado.

Luego, el l9 de marzo de 2008, el general secretario de la Defensa, Guillermo Galván Galván, demandó una ley que dé seguridad nacional y no una legislación que sólo otorgue al Ejército el papel de policía.

Al año siguiente, el 23 de abril de 2009, Felipe Calderón envió una propuesta de reforma al Senado de la República, en donde quedó congelada durante un año para ser aprobada en abril de 2010 y llegar a la Cámara de Diputados ese mismo mes.

Después de que el diputado con licencia Ardelio Vargas “rehízo” con las fuerzas castrenses la minuta del Senado, el PRI detuvo cualquier negociación. Proceso dio a conocer en diversos números lo que el Ejército demandaba (ediciones 1747, 1748, 1771 y 1795).

Poco antes de concluir su periodo al frente del PRI, Beatriz Paredes Rangel reactivó las pláticas con los militares. El 21 de febrero de 2011, Navarrete Prida sostuvo un encuentro con el subsecretario de la Sedena, general de división Carlos Demetrio Gaytán, algunos elementos de la Marina y el subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Julián Hernández. Por parte del PRI participó Claudia Ruiz Massieu.

La intervención del funcionario de Gobernación se produjo luego de que Navarrete exigió seriedad en el tema y que acudiera “alguien que tuviera capacidad de decisión”, según revelaron fuentes de la Cámara de Diputados.

Al día siguiente, el 22 de febrero, Navarrete Prida y el subcoordinador del PAN, Carlos Alberto Pérez Cuevas, acordaron impulsar un documento para que la minuta fuera “dictaminada” por una sola comisión y no por las cinco en que se encuentra (Defensa, Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Derechos Humanos), con el fin de agilizar su discusión en el pleno.

En paralelo, a la Sedena llegaron versiones de que el PRI, “molesto porque el apoyo de las fuerzas castrenses al gobierno de Felipe Calderón en su guerra contra el narcotráfico se había traducido en respaldo electoral de la ciudadanía al PAN”, según revelaron fuentes castrenses, habría elaborado un documento en donde se solicitaría el enjuiciamiento de las Fuerzas Armadas y del presidente de la República por haber incurrido en posibles violaciones a los derechos humanos.

Enfadados, los principales mandos de la Sedena pidieron un encuentro con el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín –cercano a Beatriz Paredes–, el 1 de marzo de 2011, para solicitar una definición del Poder Legislativo en torno a la ley. (Proceso dio detalles del encuentro en su número 1795.)

Ahí, el propio presidente de la Mesa Directiva consideró difícil que se aprobara la reforma en el actual periodo ordinario, que concluye el próximo 30 de abril. Sin embargo, esa primera semana de marzo la posición del PRI empezó a virar.

La amenaza

A uno de los grupos políticos fuertes dentro del PRI llegó la versión de que la Procuraduría General de la República preparaba expedientes políticos en contra de gobernadores priistas, revelaron fuentes de ese partido.

Luego de que, el 4 de marzo, Humberto Moreira asumió la presidencia nacional del PRI, su primera decisión fue intensificar las negociaciones con el sector castrense, pero a las pláticas, que se realizaban en la Secretaría de Gobernación y no en la Cámara de Diputados, dejaron de asistir tanto el priista Navarrete Prida como la Sedena debido a que Gobernación destituyó a su subsecretario de Enlace. Sólo los asesores de cada una de las partes leía y releía el documento de la Sedena y las observaciones de los priistas, sin llegar a nada.

El 14 de marzo, día en que se nombró al nuevo subsecretario de Enlace, Rubén Fernández Aceves –quien fue titular del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública–, los principales representantes del PRI, Alfonso Navarrete Prida, Claudia Ruiz y un par de generales de la Sedena intensificaron su presencia en las negociaciones.

Alberto Pérez Cuevas, vicecoordinador del PAN, dijo en entrevista que a partir de ese día el camino se facilitó y que incluso Francisco Blake Mora participó en varios encuentros.

Ya el 17 de marzo la estrategia del gobierno federal para lograr la aprobación de la nueva ley habría sido modificada, según las fuentes castrenses y los propios priistas. A oídos del grupo negociador del PRI llegó de nuevo la versión sobre los expedientes inculpatorios, sólo que en esa ocasión la amenaza fue más contundente:

“Nos dijeron que esos expedientes de varios gobernadores los darían a conocer una vez que se supiera el nombre del ganador al gobierno del Estado de México. Esto tendría dos efectos: uno, pegarle al PRI en general, y el otro, golpear al aún gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, por ser el puntero en la carrera presidencial”, reveló un funcionario del PRI.

A pesar de ello, el grupo de técnicos de la Sedena y del PRI se volvió a reunir en Gobernación. Curiosamente, el 23 de marzo, allegados a la negociación comentaron que “ya se desatoró y sólo estamos en algunas definiciones”. Y no fue otra cosa que el ver cómo conciliaban las observaciones que el PRI hacía a varias de las propuestas de la Sedena, en el sentido de que aceptarlas generaría grandes “debates políticos”.

El miércoles 6 de abril, un general comentó a Proceso que la nueva ley “pasaría” sólo si ocurriera algo extraordinario. ¿Cómo qué podría ser?, se le preguntó, a lo que respondió con una ligera sonrisa: “Las elecciones del Estado de México, ¿no?”, sin agregar nada más.

Ese mismo 6 de abril, el presidente nacional del PRI, Humberto Moreira, participó en una comida con algunos “altos mandos” de la Sedena para discutir la reforma. Al término del encuentro, uno de los generales –se pidió no dar a conocer su nombre– dejó caer una hoja con el membrete de la Sedena donde se hacía un análisis de la presencia del narcotráfico en algunos estados del país bajo la complacencia de gobiernos priistas. Además, dejaron entrever que se contaba con toda la información al respecto.

Fuentes de la Sedena consultadas por Proceso revelaron que la confección de los “expedientes negros” sí está en curso; comentaron que la Sedena ofrece datos que ella tiene sobre el tema, que la PGR elabora los documentos y que algunos funcionarios del Poder Judicial “ayudan a sustentarlos”.

Coincidentemente, al día siguiente de la comida entre Moreira y generales de la Sedena, Enrique Peña Nieto sostuvo un encuentro con Felipe Calderón, y un día después el gobernador del Estado de México desayunó con el secretario particular del presidente de la República, Roberto Gil Zuarth.

Previamente, el 31 de marzo, representantes de la ONU recomendaron al gobierno mexicano que el Ejército se retire de las calles en su lucha contra el narcotráfico, debido a que las denuncias por violaciones a los derechos humanos se han incrementado. En 2006 contabilizaban 182 y para 2008 ya sumaban mil 230.

En respuesta, el gobierno federal, a través de Fernando Zamora Castro, subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, dijo el 2 de abril que el Ejército seguirá en las calles; luego, el propio Calderón advirtió el 8 de abril que así será como “apoyo temporal y subsidiario”.

De manera desconcertante y contrario a su discurso beligerante contra el PAN-gobierno, el presidente nacional del PRI, Humberto Moreira, apoyó el 11 de abril a Calderón al declarar: “Sería un error regresar al Ejército a los cuarteles en este momento. Sin embargo, considero que sí es necesario revisar la estrategia de algunos puntos que están fallando”.

En sintonía con las expresiones de Moreira, el encargado de conducir las negociaciones por el PRI, el diputado Alfonso Navarrete Prida, arribó a las oficinas de la Secretaría de Gobernación ese mismo día; se reunió con el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Fernando Zamora Castro, y un par de generales de la Sedena para no sólo anunciarles que no habría más trabas de su partido a las peticiones del sector castrense, sino que además les entregaba “el predictamen” de 81 cuartillas sobre la reforma a la Ley de Seguridad Nacional.

Esto significaba que en dicho documento no sólo se incluían los artículos reformados, sino que en 45 cuartillas se hacía toda la justificación de los cambios y se asentaba el impacto presupuestario.

El PRI se doblega

Después de que el diputado con licencia Ardelio Vargas elaboró junto con el sector castrense los cambios a la minuta del Senado, el PRI se dio a la tarea de impulsar, en febrero de 2011, una nueva propuesta de reforma en donde “encorchetó varios de los cambios” propuestos e incluso señaló cuáles serían “intransitables”.

En la elaboración de la propuesta participaron, además de Alfonso Navarrete Prida, la diputada Claudia Ruiz Massieu, y antes, en un primer tramo, los senadores Jesús Murillo Karam y Pedro Joaquín Coldwell.

La minuta del Senado aprobada el 23 de abril de 2010 contenía aspectos como el que los militares fueran juzgados por la justicia civil cuando violentaran los derechos humanos o incurrieran en abusos; que las concentraciones de tipo laboral, social o político no fueran consideradas amenazas a la seguridad nacional; que la declaratoria de afectación (momento en que se acepta la participación del sector castrense) fuera emitida por el Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión; pero además no definía los “obstáculos” como aquellos que atentan contra la seguridad nacional, no permitía establecer retenes ni tampoco hacer declaratorias de estado de excepción, entre otras cosas.

Antes de que dicha minuta se aprobara en el Senado, el general secretario Guillermo Galván Galván convocó el 7 de abril en el Salón de Usos Múltiples en la Sedena a los miembros de la Comisión de la Defensa Nacional de la Cámara de Diputados. Ahí les solicitó:

“Potestad para realizar cateos en persecuciones en flagrancia; poder para detener durante 24 horas a los presuntos culpables y someterlos a interrogación; potestad para tomar las huellas dactilares de quienes aprehenda; intervenir comunicaciones; rastrear o hackear páginas en internet; poder disolver concentraciones de vehículos (como las ocurridas en abril de 2010 en Tamaulipas y Nuevo León); que se puedan declarar zonas de excepción y eximir a las fuerzas militares de responsabilidad de sus actos, salvo que se les acrediten conductas intencionadas”, revelaron a Proceso asistentes a ese encuentro.

Nada de ello se incluía en la iniciativa que el Ejecutivo había enviado al Senado; sin embargo, cuando la minuta llegó a la Cámara de Diputados, el Ejército continuó su labor de cabildeo.

En octubre de 2010, la Sedena invitó a los mismos legisladores a una demostración del poder de armamento del crimen organizado y les habló de nuevo de lo que los militares deseaban incluir en la minuta del Senado que ya estaba en manos de los diputados.

Proceso informó de lo que molestaba al Ejército de la minuta del Senado por considerar que ciertos aspectos eran anticonstitucionales y porque los altos mandos militares no querían estar supeditados a las órdenes de las policías en el combate al narcotráfico. También se dieron a conocer los 10 puntos que pretendían incluir.

Justamente sobre estos puntos el PRI hizo observaciones. Por ejemplo, el aspecto más importante era que la Sedena planteaba que una vez declarada la afectación, “a juicio del Ejecutivo Federal”, se establecieran “medidas extraordinarias”. Aquí el PRI advertía que básicamente se estaba hablando, “de manera encubierta”, de un “estado de excepción”, y señalaba que incluir ese punto generaría una “alta politización”.

Otra observación que hizo el PRI se refería a la pretensión de que el Ejecutivo solicitara la intervención de los militares y utilizara “todos los recursos” de que dispusiera cuando lo considerara necesario y en tanto se hacía la declaratoria de afectación. Aunque aquí el PRI consideró “correcta” la atribución, señaló que para que ello ocurriera debían establecerse las causas urgentes y las circunstancias que ameritaran la intervención, pues “de otra forma se puede convertir en una acción sumamente peligrosa”. Por lo tanto, pidió que hubiera un marco “de control” para esas medidas.

El PRI fue claro al considerar que, desde “el punto de vista político, es de extrema sensibilidad y temor el aprobar un artículo como éste”.

Sobre las facultades de intervención de comunicaciones privadas que pidió la Sedena, el PRI sostuvo que es de “notoria improcedencia como está planteado, pues no tiene facultades constitucionales, sólo si es autoridad designada como responsable”. En todo caso, a una medida de ese tipo debía dársele temporalidad, con las causas que la justifiquen.

Y en cuanto a las “operaciones encubiertas” que pueden realizar los mandos castrenses, el PRI planteó que pueden ser un “peligro”, pues podrían darse en forma unilateral, sin autorización del titular de la Sedena. Además de que no se aclara cuáles son las “operaciones encubiertas”, señaló, este punto implica una “alta politización”.

Finalmente, “el predictamen” que el PRI entregó a Gobernación el 11 de abril, y que no se distribuyó entre todos los partidos políticos sino hasta el día 22, no incluye los cambios y observaciones que había aportado el PRI. Sólo presenta todo lo que la Sedena propuso y que fue registrado en un documento dado a conocer a los diputados federales en octubre de 2010, así como a Humberto Moreira, en abril de este año, cuando visitó las instalaciones de la Sedena.

El vicecoordinador legislativo del PAN, Alberto Pérez Cuevas, comenta que la Cámara de Diputados espera aprobar el documento el martes 26 de abril para que así lo puedan procesar hasta el día 30, fecha en que concluye el presente periodo de sesiones.

En entrevista telefónica, el senador del PRI Jesús Murillo Karam manifestó que la premisa de los cambios que ellos aprobaron fue que sirviesen “para garantizar a la ciudadanía el respeto a sus garantías y derechos humanos”, y aclaró que se “tuvo cuidado para que el accionar de las Fuerzas Armadas fuera del conocimiento del Congreso de la Unión y sobre lo que dice la Constitución”.

“Nos interesa que el prestigio del Ejército se mantenga y que su intervención sea regulada”, expresó.

–¿Aprobarán los cambios de la Cámara de Diputados a la propuesta de reforma?

–Si viene similar, es posible. Pero si se cambió todo, tendremos que analizar la modificación.

El diputado del PVEM, Pablo Escudero, planteó que los cambios son inaceptables, pero que si el PRI y el PAN los mayoritean “creo que el Senado no los verá con buenos ojos”.

Finalmente, por el PRD, la diputada Teresa Incháustegui dijo que la propuesta de reforma es inaceptable y que incluía todo lo que los generales habían pedido a los diputados. “Lejos de que las relaciones cívico-militares caminen a favor de la transición democrática, esto va en contrasentido”, sentenció. T

Sin permiso de Proceso 1799 y hasta que el ACTA nos alcance...

Ley de Seguridad Nacional ¿cuál seguridad?

Riesgos posibles, peligros potenciales, amenazas como obstáculos. Conceptos clave para la reforma a la Ley de Seguridad Nacional.

Al igual que Tykhe en la mitología griega o como Fortuna en la mitología romana, la suerte era una diosa que tocaba a capricho a ciertos individuos, en la política de Felipe Calderón parecen aparecerse extraños demonios ocultos que amenazan con perturbar la presunta normalidad que debería imperar en el país según su valentía y sus patrióticas decisiones diseñadas para vivir mejor.

El riesgo probable, el peligro potencial, las amenazas como obstáculos, etc. son demonios ocultos que han irrumpido con más fuerza que nunca en el panorama político mexicano, y que con una existencia muy difusa y no plenamente calculable o predecible a través de las artes de las ciencias duras -y que tantos dolores de cabeza genera en los actuarios y las aseguradoras- al fin podrá ser atacado de frente y con toda la fuerza del estado por Felipe el iluminado redentor y en nombre de nuestra propia seguridad gracias a las modificaciones que se pretenden implantar a la voz de yá a la Ley de Seguridad Nacional cuya novedad radica en la nueva disciplina secreta de la prevención de obstáculos indeterminados.

¿Pero de qué seguridad estamos hablando?

Si nos atenemos al texto de la #LSN (a partir de ahora) y al dictamen de la minuta para su modificación nunca lo sabremos a ciencia cierta, pues aunque las reformas intentan infructuosamente diferenciar ente el concepto de seguridad nacional y seguridad interior, no mencionan en ninguna de sus líneas lo que para esta ley se entiende por seguridad en un amplio sentido. En cambio, y con una indignante pobreza conceptual y con una gramática incomprensible para los humanos castellanoparlantes, viene a decir en pocas palabras que la seguridad nacional se define como aquella de la que el único responsable es el presidente, y la seguridad interior es aquella de la que se encargan el resto de las instancias estatales y locales, a menos de que el presidente decida que en un momento dado un asunto de seguridad interior es de seguridad nacional. (OP.cit p. 17) #PLOP

Así, los hipotéticos demonios que podrían atentar contra la seguridad del Estado podrán ser combatidos a través de las misteriosas revelaciones que iluminen al ejecutivo al margen de los demás poderes y otorgarle el poder jurídico para disponer de la intervención militar y la suspensión de garantías individuales de manera selectiva y de acuerdo a su propio criterio. Esto, sin la necesidad de consultar a los molestos y respondones diputados. Así, el Congreso, en palabras textuales de esta minuta “carece de facultades para estimar la legalidad de los actos del Ejecutivo. (OP.cit p. 40) #BANG

Y muy a tono con las guerras preventivas y muchas leyes que se ponen de moda en el panorama internacional se toman “grandes” decisiones para combatir a los enemigos de nuestra seguridad sin que se nos diga ni se nos explique muy bien ni quiénes son estos presuntos enemigos ni de qué hablamos cuando hablamos de seguridad. #Anyway

Pareciera ser, y gracias a los ingeniosos mecanismos que desarrolla el poder, que en el imaginario social están ya instauradas la asociación conceptual entre la fuerza bruta y la seguridad, y que el poder se aferra a mantener en este caso a través de lo jurídico, así tengamos que sacrificar la libertad. #nimodo

Pareciera entonces que bajo la óptica de un mundo amenazante, o sociedad del riesgo como lo desarrollaría Ulrich Beck (2006), el ejercicio de la libertad se hubiese contrapuesto al concepto de la seguridad, que es algo así como que eres libre, pero bajo tu propio riesgo.

Y aunque no se explicita en esta ley ni en la minuta el concepto de seguridad al que hace referencia, si se menciona que esta puede ser “amenazda por desatres naturales, antropogénicos” y otras bestias desconocidas. (Op cit. p. 31) y se ciñe a todas luces a un concepto sumamente reduccionista, en el que nuestra seguridad se alcanzaría en última instancia con armas y a costa de la libertad, la seguridad e incluso la vida de otros.

Así mismo, las reformas a esta ley buscan plasmar una presunta diferenciación entre unos supuestos “ellos”: los criminales organizados y los terroristas (identificados o no), y nosotros, el resto de los “ciudadanos normales”, quienes además estaríamos obligados a velar por esta misma indeterminada y misteriosa seguridad. (Op.cit p. 12, 22)

Si nos ponemos un poco serios y profundizamos en otras implicaciones más terrenales de lo que implica la seguridad en un su sentido más amplio -que ni por error menciona la #LSN ni los discursos oficiales acerca de la seguridad- habríamos necesariamente de poner en los primeros lugares de peligrosidad cuestiones como el mantenimiento y preservación de los recursos, el acceso a una buena alimentación, vivienda, el bienestar psicológico, la satisfacción de las más diversas necesidades individuales o colectivas, la seguridad social, el sistema de pensiones, jubilaciones y los derechos humanos en general como los factores o variables más importantes cuando hablamos de seguridad.

Hablando de riesgos y peligros, ciñéndonos a cifras oficiales del 2008 y sin entrar al análisis de cada categoría, la probabilidad de ser asesinado (13,900) era aún menor que la probabilidad de morir por diabetes (75572) por accidentes de tráfico (16,882) infecciones respiratorias, (15 096), etc. factores que hoy representan las más oscuras amenazas a nuestra seguridad y a nuestra subsistencia en un sentido más amplio.

Pero contra la diabetes, contra los accidentes de tráfico, contra las enfermedades respiratorias contra la pobreza, contra la inseguridad laboral, etc. no se ha decretado ninguna guerra. Y si vamos a hablar de riesgos y de seguridad, mencionar que un estado de sitio, la suspensión de garantías, la intervención de las telecomunicaciones…en resumen, todo lo que propone y conlleva las modificaciones a la #LSN no nos dará mayor seguridad ni mucho menos libertad.

La probabilidad de que te toque sobrevivir con menos de 6 mil pesos o que no tengas acceso a un sistema de salud son amenazas mucho más serias y peligrosas a la seguridad nacional, y si -como plantea la minuta- el ejecutivo es el responsable de la seguridad nacional debiésemos estar hablando de alimentos y de medicinas y no de el combate armado a los riesgos a la seguridad humana.

En suma las reformas a la #LSN instituirían el castigo a las pretensiones que el ejecutivo tendría la facultad de identificar (Op. Cit. Art 71. P 28, 31, 37) Así, la #LNS no solo permitiría al ejecutivo ejercer como principal luchador en contra de los riesgos ocultos, sino también se le conferirá la función de adivino.

@europaenllamas

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Referencias:

Beck, Ulrich (2006) La Sociedad del riesgo global. 2ª ed. Siglo Veintiuno de España.

LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, (2011). Dictamen de la comisión de………… respecto de la minuta del senado con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la ley de seguridad nacional

Dictamen respecto a la Minuta del proyecto del Senado con proyecto que reforma Ley de Seguridad Nacional

DICTAMENSEGURIDADNACIONA.PRI.Sedena

México sólo se salvará, y se salvará seguro por su sociedad, no por su estado: Manuel Castells

El día de hoy el muchas veces galardonado investigador Manuel Castells dio una muy interesante conferencia en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM a propósito de su libro Comunicación y poder que con mucho gusto compartimos con ustedes.

Habló entre otras cosas, sobre las posibilidades que ofrece el Internet y las redes sociales para la organización social y sobre los nuevos movimientos sociales como actores políticosen este contexto. Profundizó acerca de la relación que existe entre el control de las comunicaciones y las relaciones de poder contemporáneas, crucial para el mantenimiento del orden actual pero también para su transformación.

En la sección de preguntas habló sobre Wikileaks e hizo también algunas reflexiones sobre la situación en México y sobre la importancia que tiene una sociedad organizada y bien comunicada, pero mejor escúchenlo ustedes mism@s.

A su salud…

Europa en Llamas 67

En este programa especial celebramos con canciones e historias el 80 aniversario de la Segunda República Española. Hablamos también de Europa, donde Berlusconi ha conseguido al fin aprobar su "ley de impunidad", que dejará -además- sin juzgar unos 15.000 casos. El desempleo sigue aumentando en España y una filtración de la primera EPA de 2011 revela que podría estar ya rozando los cinco millones, mientras que el INE sostiene que se trata de 4 millones 300 desempleados...¿dónde quedaron los 600.000 españoles entre ambas cifras? El Parlamento catalán rechaza la propuesta para iniciar los trámites hacia una lejana independencia. Y en Islandia, un segundo referéndum vuelve a demostrar que los islandeses no están dispuestos a pagar la millonaria deuda de sus bancos quebrados. ¡Bien por ellos! Además, incluimos un podcast de radio ELA sobre el caso "A las barricadas versus SGAE", en entrevista con La Ex.

Europa en Llamas programa 66

Hoy traemos fragmentos de la última reunión en el Senado del grupo de trabajo del ACTA, así como reportes sobre la marcha de Anonymous en protesta por el mismo tratado, hecha frente al senado. Otra marcha, esta mucho más grande: la Marcha Nacional convocada por Javier Sicilia, cuya respuesta fue muy grande y a la cual acudieron decenas de miles de personas.

Desde Europa, una noticia que nos inquieta mucho: Portugal (o más bien su ex-primer ministro todavía en funciones, José Sócrates) pide rescate bancario. Y en Bruselas, los eurodiputados tumban la propuesta de viajar en clase turista en vez de en primera clase (que poca...) mientras que en España el caso de Mariano Rajoy fotografiado sobre el yate de un famoso narcotraficante pasa sin pena ni gloria...